La
labor de los piquetes informativos es perfectamente legal. Se trata
de una actividad recogida en el artículo 6.6 del Real Decreto Ley de
Relaciones de Trabajo, que regula el derecho a la huelga y que dice
textualmente que “los trabajadores en huelga podrán efectuar
publicidad de la misma, de forma pacífica, y llevar a efecto
recogida de fondos sin coacción alguna”.
En ese contexto estrictamente legal fue en el que el pasado día 29 de marzo se organizó un piquete informativo, que comenzó a recorrer las calles de la ciudad en bici, informando de los motivos de la huelga y animando de forma totalmente pacífica a la ciudadanía a participar en dicha jornada.
Que 100 ciclistas juntos recorriendo las calles tienen como efecto la ralentización del tráfico es evidente, pero existen en esta ciudad multitud de ocasiones en las que el tráfico se ralentiza. Todos los días a determinadas horas y en determinados puntos es habitual que así ocurra y con acontecimientos que se pueden considerar extraordinarios también ocurre. Por poner un ejemplo, y sin ir más lejos, al día siguiente de la huelga, la apertura de un nuevo centro comercial junto a la ronda norte, acompañada de la consiguiente campaña publicitaria provocó un atasco monumental y durante horas. Podríamos hablar también de cuando algún equipo deportivo local obtiene un gran triunfo.
¿Como actuaron las fuerzas del orden público en el caso de la apertura del centro comercial? Como buenamente pudieron, tratando de garantizar el derecho de quienes querían acceder al nuevo centro, cuyo aparcamiento no daba más de sí y el derecho de quienes querían seguir circulando por la ronda hacia otros lugares. Si lo consiguieron o no y en cuánto tiempo es otro tema, pero lo que quiero resaltar es que en ningún caso se les requirió identificación alguna a las personas que conducían sus vehículos en aquel atasco, ni por supuesto se retiraron de la vía dichos vehículos, ni tampoco, en qué cabeza cabe se les denunció por obstaculizar la vía pública, cosa que era evidente que hacían.
Pero todo eso ocurrió el día anterior con algunas de las personas participantes en el “bicipikete”, que circulaban pacíficamente y sin producir daño alguno. El único efecto de su acción era el mismo que en el ejemplo anterior, el de obstaculizar el tráfico con ocasión de la celebración de un acontecimiento excepcional como es una jornada de huelga general y por tanto, entendemos que los agentes del orden deberían haber actuado de la misma manera que en el ejemplo anterior, tratando de garantizar el derecho a circular de todos los vehículos presentes en la vía, fueran coches, camiones, autobuses, motos o bicis.
Pero, en lugar de dedicarse a ello trataron de impedir el derecho de sólo algunos a circular, justamente el derecho de los ciclistas, provocando con ello consecuencias muchos más graves sobre el tráfico, que quedaba paralizado por las repetidas identificaciones a los ciclistas, cuyos vehículos fueron más tarde retenidos y aprehendidos con arbitrariedad (sólo algunos) y las personas denunciadas por alterar el orden público.
Se impidió así el derecho de unas personas a informar en día de huelga, intentando criminalizar la mera ralentización del tráfico por quienes lo provocan, más que por el hecho en sí.
La criminalización se acentúa además por la actuación de los mandos de la Policía Municipal a posteriori, mediante un escrito remitido a la Delegación de Gobierno en el que modificaban la inicial denuncia que se calificó como infracción leve, por una infracción grave.
Este intento claro de criminalizar determinadas manifestaciones públicas de derechos fundamentales ampliamente reconocidos, se enmarca sin ninguna duda en las públicas intenciones del actual Gobierno del PP en España de reformar el código penal, con la clara intención, de “disuadir” a la ciudadanía en su derecho a protestar ante las devastadoras consecuencias sociales que está provocando la gestión de la crisis. Lo que se pretende, es tratar de atajar el previsible aumento de la conflictividad social, con anuncios como el de considerar miembros de “una organización criminal” a quienes convoquen manifestaciones por Internet, o la idea de tipificar como delito de atentado a la autoridad cualquier forma de resistencia pasiva, como una sentada.
Por supuesto, el anuncio de reforma del código penal del PP ha sido ampliamente contestado desde múltiples sectores, empezando por el movimiento de los indignados del 15M, caracterizados por su absoluta defensa del pacifismo y la resistencia pasiva, que se han visto en el punto de mira del ministro del Interior, pasando por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y también por asociaciones profesionales como la mencionada Jueces para la Democracia.
Si Gandhi o Martin Luther King levantaran la cabeza en esta ciudad, la policía municipal de Pamplona los acusaría sin dudar de desórdenes públicos graves y no podemos estar más en desacuerdo.
Nota
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