Tras la publicación en el BOPZ el pasado martes 23 de septiembre de la sentencia del TSJ de Aragón por la cual quedan anulados determinados artículos de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas de Zaragoza, Zaragoza se ha convertido en la única ciudad del Estado donde no se puede circular en bicicleta por determinados espacios necesarios para garantizar unos desplazamientos acordes a su naturaleza, brindándonos una situación, cuando menos, absurda. Ejemplos concretos de esta situación son, por ejemplo, por gran parte del Casco Histórico o los bulevares de la ciudad.
La sentencia se basa en la Ley de Tráfico de 1990, la que estaba en vigor en ese momento, ley que no recogía nada sobre la circulación de bicicletas en ciudad, una realidad muy presente en muchas ciudades del Estado en la actualidad, ya que en 1990 las bicicletas, directamente, no existían en nuestras ciudades.
El uso, más o menos, masivo de la bicicleta como vehículo urbano ha ido creciendo en los últimos 10 años. Ante esta situación, han tenido que ser las ciudades las que intentaran normativizar esta realidad, ya que la Ley Estatal no daba respuesta a la circulación de las bicicletas por ciudad. Zaragoza lo hizo el año 2009, con una norma que, aunque no era ideal, si suponía vanguardia en la materia. Al igual que Zaragoza, otras muchas ciudades (Vitoria, Sevilla, Barcelona, Málaga, Pamplona, Valencia,…) fueron aprobando ordenanzas municipales para dar respuesta a la nueva realidad que iba emergiendo en el escenario urbano.
En base a ciertos artículos de nuestra Ordenanza se permitió cierta manga ancha con la circulación de bicicletas por aceras, llegando a negar un conflicto que, aunque magnificado por ciertos sectores de la ciudad, era real. De esta forma, la responsable de la política ciclista tenía la coartada perfecta para no afrontar la verdadera necesidad de las bicicletas, ocupar su espacio, de forma segura, en las calzadas. En este sentido una máxima siempre ha estado presente en el argumentario del movimiento ciclista: “el problema de las aceras está en las calzadas”.
Un poco por no afrontar con la valentía necesaria el conflicto y otro poco por las luchas políticas típicas de esta ciudad, la bicicleta siempre ha estado en el ojo del huracán.
Aprovechando la estructura competencial del Estado, por la cual la competencia en materia de tráfico no es de los ayuntamientos, sino del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, ante una denuncia contra la circulación de bicicletas por determinadas aceras, el TSJ de Aragón deroga varios artículos de la Ordenanza de Zaragoza (normativa municipal) que contravienen la Ley de Tráfico (normativa estatal), ya que una norma de rango inferior no puede ir contra una norma de rango superior. Y ha sido el año 2014 cuando, por fin, se ha modificado aquella ley obsoleta para dar respuesta a las nuevas realidades de movilidad del siglo XXI
El 9 de mayo de este año entra en vigor la nueva Ley de Trafico, tras muchos años de lucha por parte de los colectivos ciclistas. Aunque más importante, aún, que la propia Ley es el Reglamento General de Circulación que debe desarrollarla. El cual, a día de hoy, todavía no está publicado, aunque se supone que estará antes de final de año.
Así pues, a 26 de septiembre de 2014, las personas que utilizamos la bicicleta como vehículo cotidiano por Zaragoza nos encontramos, por un lado con una regresión al pasado y, por otro, en un momento de incertidumbre, ya que, hasta no ver en qué sentido se desarrolla el nuevo Reglamento, nuestro proceder habitual se ve regulado por una norma que, directamente, invisibiliza el tránsito de bicicletas en ciudad.
Además, a esto, debemos unir la lenta y difusa respuesta de la responsable de movilidad del Consistorio, Carmen Dueso, y el hostigamiento que sufrimos por parte dealgunos conductores de automóviles en las calzadas.
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